Por Ing. Ramón Montanía (*)
La República del Paraguay, en los papeles, de derecho, es dueña incuestionable del mayor potencial hidráulico de la región, potencial conocido hace mucho tiempo y sobre el cual pudo proyectarse, incluso tres décadas atrás la posible demanda del mercado eléctrico paraguayo de los próximos treinta años. Sin embargo, inexplicable e injustificablemente, los Gobiernos de turno dejaron que el sistema eléctrico nacional derrapara, lenta pero inevitablemente hacia el precipicio del colapso. De los motivos solo hay sospechas, por ciertas muy bien fundadas; pero nada pudo encontrarse de sumarios administrativos, o de investigaciones propiciadas por el Poder Judicial, por el Ministerio Público o de exámenes especiales de la Contraloría General de la República.
Alguien debe rendir cuentas. No solo ante la historia de la patria, alguien debe explicar al país por qué colapsó su sistema eléctrico, por qué razón nuestra República, propietaria en condominio, por partes iguales, de las dos centrales hidroeléctricas más grandes de la región - Itaipú y Yacyretá - tiene restringido el acceso a la potencia y por ende a la energía asociada que según ambos Tratados le pertenece en un 50%. La excusa del atraso en la instalación de los transformadores en las subestaciones de ambas centrales, o en el tendido de las líneas de transmisión y distribución, etc. deberían recluirse ya en la cándida imaginación de los escritores de cuentos para niños y poner en marcha la más exigente de las pesquisas con el fin de identificar a políticos y técnicos que enajenaron el futuro de la patria.
Es poco lo que se hace. Lo insólito es que, a pesar de todo, son las medidas del Poder Ejecutivo, de la ANDE, que parecen más bien una "terapia de paños tibios" que, en el mejor de los casos, solo podría aliviar, transitoriamente, un mal que a gritos reclama tratamiento intensivo. La vacilación más grave, en ese sentido, es haber depositado toda la confianza en las indiscutidas buenas intenciones del presidente brasileño Luis Inácio Lula, incluso a punto de abandonar el palacio presidencial, quien había prometido donar al Paraguay la financiación de una línea de transmisión de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes, así como la correspondiente subestación. La extrema fragilidad de la promesa del presidente saliente cobró cuerpo luego de que la creciente oposición interna brasileña a esa “generosidad” con el Paraguay, su gobierno “aclarara” que la misma se canalizaría a través del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), aclaración que en nuestro país solo consiguió la aceptación del oficialismo.
Cuando la limosna es grande. La experiencia acumulada por nuestro país en casi 30 años de explotación de la gran central nos volvió escépticos, razón por la cual pedimos pruebas, reales y no retóricas, que la financiación de la línea de 500 kV es una desinteresada donación brasileña. La hipótesis absolutamente probable es que nos encontramos ante una pretensión compensatoria de nuestros socios en Itaipú por tantos años de explotación injusta del excedente energético paraguayo en la hidroeléctrica binacional, incluso con propósitos de atenuar e inclusive acallar las crecientes protestas del pueblo paraguayo contra esa colonialista actitud del Brasil ante su endeble socio.
Los delitos de lesa patria no prescriben. Investiguemos los 37 años de Itaipú con el fin de llevar antes los tribunales a los responsables del colapso eléctrico del presente. Dudar en ciertas coyunturas, como la que atraviesa el sector eléctrico nacional, debido a la ingenuidad de los administradores de turno del país, por ineptitud e incluso entreguismo, es también un delito, aún cuando el Código penal no lo contemple específicamente. No obstante, todos saben que errores de esta naturaleza, más temprano que tarde, reciben el duro castigo de los electores, quienes no titubean en desterrar a los responsables de sus preferencias electorales.
Al tribunal internacional. Supongamos por último que Brasil cumple su promesa, aún ese escenario, Paraguay debe dejar en claro que esa ese “regalo” lejos está de la compensación que merece nuestro país; porque su costo, incluso los más inflados, si se los compara con la cuantía de los beneficios que obtuvo Brasil de Itaipú, nunca alcanzarían para resarcirnos por 25 años de aprovechamiento abusivo e injusto de nuestra energía. En justicia, la salida que corresponde, es que nuestro país reclame también, además del precio justo y la libre disponibilidad de nuestro excedente, una justa compensación al Brasil por ese hecho, incluso, si fuere necesario, ante un tribunal internacional.
(*) Ingeniero electricista, director de la revista especializada Mundo de la Electricidad.
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J. Edgardo Lezcano B. | j.lezcano@hotmail.com
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